Nueva Zelanda quiere vetar las redes a menores de 16: la multa llegaría al 10%
El Gobierno de Nueva Zelanda presentó el 24 de agosto de 2026 un proyecto para impedir que los menores de 16 años utilicen determinadas redes sociales. El anuncio oficial del Gobierno neozelandés establece que las obligaciones recaerían sobre las plataformas y que el incumplimiento podría castigarse con multas de hasta el 10% de sus ingresos globales.
La medida todavía no es ley ni tiene fecha de entrada en vigor. El 25 de agosto, Labour ofreció los votos necesarios para iniciar la tramitación, pero el Ejecutivo mantuvo que no habría una primera lectura antes de las elecciones de noviembre; ACT y New Zealand First, socios de National en la coalición, siguen oponiéndose.
A quién obligaría y cómo se comprobaría la edad
El Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment) Bill se dirige a los operadores de redes sociales clasificadas como de alto riesgo. Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook figuran entre los ejemplos divulgados por el Ejecutivo; sus operadores tendrían que adoptar medidas razonables para comprobar que los usuarios tienen al menos 16 años.
El proyecto no impone una tecnología única. Las plataformas podrían utilizar información ya asociada con la cuenta, sistemas de estimación facial de la edad, servicios de identidad digital o documentos oficiales. Una fecha de nacimiento declarada por el usuario no sería suficiente por sí sola.
La propuesta, por tanto, no equivale a exigir un documento de identidad a todos los usuarios. Permite combinar distintos métodos, mientras un nuevo regulador de seguridad en línea, integrado en el Department of Internal Affairs, vigilaría el cumplimiento, investigaría a los servicios y ejercería las facultades sancionadoras.
Las plataformas utilizadas habitualmente por menores también tendrían que evaluar de forma periódica los riesgos de sus productos e informar sobre cómo los detectan y reducen. No se contemplan multas para menores, padres o cuidadores: la responsabilidad jurídica correspondería a las empresas.
Qué plataformas entrarían y cuáles quedarían excluidas
El perímetro no cubriría cualquier servicio digital empleado por jóvenes. La cobertura de Associated Press identifica Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat entre las plataformas afectadas, mientras sitúa fuera de la prohibición a servicios de mensajería como WhatsApp, juegos en línea como Roblox y aplicaciones de IA orientadas a consultas o productividad, entre ellas ChatGPT, Gemini y Copilot.
La delimitación divulgada también excluye los servicios dedicados principalmente al correo electrónico, las llamadas de voz o video, la música y los pódcast, las redes profesionales, la educación, la salud, las reseñas de productos, el soporte y el asesoramiento. Discord, Spotify y LinkedIn aparecen entre los ejemplos de aplicaciones que quedarían fuera.
No toda la inteligencia artificial estaría exenta. Las plataformas de compañeros de IA, concebidas para simular una conexión emocional o una relación personal, sí quedarían dentro del marco. El criterio sería la función principal y el riesgo del servicio, no el mero uso de IA o la posibilidad de interactuar con otras personas.
Estos ejemplos describen el alcance propuesto, pero no constituyen una lista definitiva. La clasificación concreta dependerá de la redacción que eventualmente apruebe el Parlamento y de las decisiones del futuro regulador.
Cómo funcionaría la sanción sobre ingresos mundiales
El techo sancionador se calcularía sobre la facturación mundial de la plataforma, no únicamente sobre sus ingresos en Nueva Zelanda. Esa base amplía la exposición potencial de los grandes grupos tecnológicos y convierte el cumplimiento local en un asunto relevante para sus operaciones globales.
El porcentaje máximo no sería una penalización automática por cada cuenta perteneciente a un menor. Para imponer una multa tendría que acreditarse que la empresa incumplió sus obligaciones legales; además, el regulador debería valorar si las medidas empleadas para comprobar la edad eran razonables.
El proyecto combina tres cargas empresariales distintas: controles de edad para los servicios de alto riesgo, evaluaciones de seguridad infantil para las plataformas utilizadas por menores y posibles sanciones por incumplimiento. El trámite parlamentario aún puede modificar tanto los criterios de aplicación como las facultades concretas del regulador.
Labour abre una puerta, pero no garantiza la aprobación
La viabilidad política cambió un día después de la presentación. La actualización parlamentaria de 1News señala que Labour apoyaría la primera lectura para enviar el texto a comisión, aunque reclama mejoras sustanciales; la responsable de la agenda de la Cámara, Louise Upston, respondió que las tres semanas de sesiones restantes no dejan tiempo para celebrar esa votación antes del receso electoral.
El apoyo de Labour podría compensar en una primera votación el rechazo de ACT y New Zealand First. Sin embargo, respaldar la primera lectura no obliga a un partido a votar a favor en las etapas posteriores, y el proyecto necesitaría superar tres votaciones, además del examen de una comisión parlamentaria.
ACT sostiene que la prohibición sería ineficaz y podría terminar afectando a los adultos. New Zealand First cuestiona que pueda aplicarse sin controles más intrusivos, como la identidad digital o restricciones sobre las redes privadas virtuales. La futura composición del Parlamento, tras las elecciones, será determinante incluso si National recupera la iniciativa.
El impacto indirecto en creadores con público juvenil
Los creadores no tendrían que verificar personalmente la edad de sus seguidores ni serían destinatarios de las multas previstas para las plataformas. La consecuencia indirecta sería una posible reducción del público menor de 16 años en las redes incluidas, con efectos sobre el alcance de videos, publicaciones, transmisiones y comunidades alojadas en ellas.
El impacto variaría según la distribución de cada audiencia. Una comunidad concentrada en Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook estaría más expuesta que otra asentada en servicios excluidos; aun así, quedar fuera del límite de edad no excluiría necesariamente a una plataforma de las evaluaciones generales de seguridad infantil.
Por ahora solo está confirmada la presentación del proyecto y su arquitectura inicial. Sin primera lectura prevista antes de las elecciones, el próximo Parlamento deberá decidir si retoma el texto, qué cambios introduce y qué servicios quedan finalmente sujetos a las obligaciones.
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