AB 1130 avanza: hasta 5.000 dólares por ocultar un anuncio político
AB 1130 avanzó en el Senado de California el 13 de agosto de 2026, pero todavía no es una ley vigente. El expediente oficial de la Legislatura registra que el comité recomendó aprobarlo con enmiendas por siete votos a cero; ese mismo día fue leído por segunda vez, enmendado y devuelto a segunda lectura.
La propuesta permitiría imponer sanciones administrativas de hasta 5.000 dólares por infracción cuando una publicación política pagada omita el aviso exigido. La cobertura de Associated Press confirma que la medida alcanzaría tanto al creador remunerado como al comité pagador, aunque todavía debe completar el trámite legislativo.
La divulgación ya es obligatoria
AB 1130 no crearía desde cero el deber de identificar estas publicaciones. La legislación actual de California ya exige que una persona pagada por un comité para publicar contenido a favor o en contra de una candidatura o medida electoral revele simultáneamente que recibió ese pago.
El texto legislativo disponible de AB 1130 establece que el aviso debe ser fácilmente legible para un espectador promedio o claramente audible si el contenido es sonoro. Una fórmula válida debe identificar al comité y su número de registro, aunque se permite una redacción sustancialmente equivalente.
Hay excepciones delimitadas. La disposición no se aplica al contenido sujeto a otros avisos específicos, a publicaciones realizadas en los propios espacios digitales del comité ni, bajo determinadas condiciones, a mensajes de empleados remunerados cuyo único coste sea su tiempo de trabajo.
El problema que intenta resolver el proyecto está en la ejecución. El régimen actual permite a la Fair Political Practices Commission, o FPPC, solicitar una orden judicial para obligar a incluir el aviso, pero exime al autor de las sanciones administrativas, civiles y penales previstas por la Political Reform Act por esa omisión concreta.
Cómo se repartiría la responsabilidad
La propuesta asigna tareas diferentes al comité y al creador antes de publicar. No convierte al influencer en el único responsable ni traslada la obligación a la plataforma digital.
- El comité pagador tendría que comunicar al creador que el contenido necesita una divulgación y advertirle que omitirla puede generar sanciones.
- La persona remunerada tendría que incorporar el aviso al mismo tiempo que difunde el contenido, con la legibilidad o audibilidad requerida.
- El comité tendría que indicar en su informe de campaña, cuando el desembolso sea reportable, que el pago correspondió a una publicación remunerada de un tercero.
- El creador y el comité responderían conjunta y solidariamente por las sanciones administrativas o civiles derivadas de una publicación sin el aviso obligatorio.
La responsabilidad conjunta y solidaria no implica automáticamente dos multas distintas por la misma omisión. Significa que una obligación determinada por la autoridad podría reclamarse al creador, al comité o a ambos, de acuerdo con el procedimiento aplicable.
El alcance material también es limitado: debe existir un pago de un comité y el contenido debe apoyar u oponerse a una candidatura o medida electoral. Una opinión política no remunerada no queda convertida en anuncio por este proyecto, y AB 1130 no establece una multa general para cualquier usuario que hable de elecciones.
Qué representan los 5.000 dólares
Los 5.000 dólares son un máximo por infracción, no una cantidad automática ni el precio mínimo de una publicación. Para imponer una sanción sería necesario acreditar el incumplimiento y seguir el procedimiento de la FPPC; la cuantía concreta dependería de la decisión administrativa y de las circunstancias del caso.
En un supuesto puramente ilustrativo, una publicación pagada sin aviso podría quedar expuesta a una sanción administrativa de hasta 5.000 dólares. Dos publicaciones que la autoridad considerara infracciones independientes producirían un máximo aritmético de 10.000 dólares, pero el proyecto no permite anticipar que cada plataforma, reproducción, versión o día de circulación contará siempre como una infracción separada.
Ocultar un anuncio, en el sentido del título, significa aquí publicar contenido electoral remunerado sin revelar el pago exigido. El proyecto no prohibiría que las campañas contraten creadores ni vincula la multa al importe que recibió la persona: una remuneración inferior podría desembocar en una sanción mayor si la omisión queda probada.
Por qué AB 1130 aún no está vigente
La actuación del 13 de agosto fue un avance dentro del Senado, no la aprobación definitiva. El portal legislativo clasificaba AB 1130 como un proyecto activo en el proceso del pleno y señalaba que requiere una mayoría de dos tercios porque modificaría la Political Reform Act of 1974.
Además, el historial registró nuevas enmiendas el 13 de agosto, mientras que la versión consolidada disponible seguía identificada como la publicada el 11 de junio. Esa diferencia obliga a esperar la publicación del texto actualizado antes de atribuir a las enmiendas recientes cambios más específicos.
AB 1130 todavía necesita superar las votaciones restantes. Si el Senado aprueba una versión distinta de la recibida de la Asamblea, esta deberá pronunciarse sobre los cambios antes de que el proyecto pueda llegar al gobernador. Mientras esas etapas no concluyan, campañas y creadores continúan sujetos al deber de divulgación existente, pero la nueva vía para imponerles hasta 5.000 dólares por infracción no puede tratarse como derecho vigente.
Lee también:
Suscríbete a nuestro boletín
Reciba las últimas noticias sobre Web3, IA y criptomonedas directamente en su bandeja de entrada.