Massachusetts frena centros de datos: sin aval local no habrá permiso
Massachusetts cerró el paso estatal a los grandes centros de datos que no cuenten con respaldo local. El 8 de septiembre de 2026, la gobernadora Maura Healey firmó la Orden Ejecutiva 658: las agencias no podrán expedir permisos o autorizaciones para proyectos con una demanda eléctrica máxima superior a 25 MW hasta que acrediten conformidad con el marco estatal y presenten un acuerdo de beneficios comunitarios.
La decisión del 8 de septiembre de 2026 no prohíbe todos los centros de datos ni sustituye los permisos municipales. Para las instalaciones que superen el umbral, añade condiciones estatales sobre participación comunitaria, energía limpia, costes de red y protección ambiental. La orden ya obliga a las agencias, aunque varios protocolos, tarifas y mecanismos de cumplimiento todavía deben desarrollarse.
El umbral de 25 MW activa el bloqueo de permisos
El criterio de entrada es la demanda eléctrica máxima superior a 25 MW, no la superficie del edificio, el volumen de inversión o la capacidad de cómputo. Por encima de esa cifra, el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP), la Energy Facilities Siting Board, la oficina encargada de la política ambiental estatal y las demás agencias competentes deben verificar dos requisitos antes de autorizar el proyecto: conformidad con el marco publicado en junio y entrega del acuerdo comunitario.
Esto convierte el umbral en un filtro adicional, no en una autorización automática para proyectos más pequeños. Una instalación de 25 MW o menos seguirá sujeta a las normas ordinarias que correspondan sobre uso del suelo, conexión eléctrica, agua, emisiones y permisos locales; simplemente no entra por potencia en este régimen reforzado.
La orden permite una excepción limitada. Los responsables estatales de Energía y Asuntos Ambientales y de Desarrollo Económico pueden eximir conjuntamente del umbral determinados proyectos vinculados con universidades acreditadas, proveedores de atención médica o programas patrocinados por el estado. La excepción requiere una decisión de ambos organismos y no cubre automáticamente cualquier instalación educativa o sanitaria.
El aval local debe quedar plasmado en un acuerdo
El respaldo comunitario no se satisface con una consulta informal ni con una declaración unilateral del promotor. El solicitante debe preparar un acuerdo de beneficios comunitarios con actores relevantes de la comunidad anfitriona, consultar previamente a la Office of Environmental Justice and Equity (OEJE) y someter el documento a su revisión. La opinión escrita de esa oficina debe acompañar el acuerdo cuando se entregue a las agencias.
La orden no impone un referéndum uniforme ni define una única lista de beneficios para todos los municipios. El instrumento exigido es el acuerdo alineado con las pautas estatales de participación significativa; por ello, las condiciones concretas pueden variar según los impactos y las negociaciones de cada proyecto.
La cobertura de Boston.com detalla otra salvaguarda inmediata: las agencias encargadas de permisos no pueden suscribir acuerdos de confidencialidad con los desarrolladores, salvo que la ley disponga lo contrario. Esa prohibición afecta al proceso estatal y busca evitar que la evaluación de impactos y compromisos quede protegida por pactos privados.
Los distintos filtros no son intercambiables. Un promotor que no presente el acuerdo comunitario no puede resolver esa carencia pagando más por la electricidad; del mismo modo, el respaldo local no lo exime de acreditar las condiciones energéticas y ambientales del marco.
La nueva energía limpia pasa a formar parte del coste
La orden encarga a MassDEP crear protocolos para que los proyectos afectados obtengan suficiente generación limpia nueva e incremental para cubrir su consumo eléctrico anual. Esa electricidad deberá cumplir además los criterios del Clean Energy Standard de Massachusetts. La obligación está fijada, pero el procedimiento técnico para demostrar su cumplimiento aún no está terminado.
Una aclaración de la oficina de la gobernadora recogida por TechCrunch sitúa la cobertura exigida en el 100 % de la demanda eléctrica y describe tres vías: aportar energía limpia, financiar nueva generación cercana o pagar al fondo de protección de consumidores. La orden, por su parte, exige a MassDEP establecer antes del 31 de diciembre de 2026 el mecanismo de pago alternativo para quienes no obtengan suficiente generación incremental.
El dinero recaudado se acreditará al Ratepayer Protection Fund y se empleará para mitigar los costes de suministro eléctrico de los consumidores. Ese pago alternativo se refiere al déficit de energía limpia: no reemplaza el acuerdo comunitario, las condiciones ambientales ni los demás permisos.
También hay una segunda capa de costes todavía en desarrollo. El Department of Public Utilities debe avanzar en tarifas para grandes cargas que eviten trasladar a otros usuarios las ampliaciones de la red de distribución y la infraestructura asociada a la demanda de los centros de datos. Además, deberá impulsar tasas, depósitos u otras garantías para retirar de las colas de conexión proyectos especulativos de más de 25 MW.
Para los desarrolladores, esto amplía la inversión que debe evaluarse antes de considerar viable una instalación. Junto al terreno, los equipos, la refrigeración y la conexión inicial aparecen ahora la nueva oferta limpia, las posibles ampliaciones de red y, cuando corresponda, el pago alternativo. El importe exacto no puede calcularse todavía porque las tarifas y reglas de ejecución no se han publicado.
Los protocolos pendientes decidirán el coste final
El bloque ambiental combina obligaciones existentes con normas por completar. La conformidad exigida para obtener permisos incluye aire, salud pública, agua y participación comunitaria. A la vez, MassDEP debe elaborar protocolos específicos para que los proyectos de más de 25 MW demuestren el cumplimiento de los requisitos estatales sobre calidad y disponibilidad del agua, aguas residuales y escorrentía pluvial.
La administración también deberá evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de estas instalaciones y establecer pautas para declaraciones anuales de los centros en operación. Quienes soliciten permisos tendrán que presentar una certificación comprometiéndose a entregar esos informes una vez definida la guía correspondiente.
Antes del 31 de diciembre de 2026, las autoridades estatales también deben publicar una guía municipal para ayudar a gobiernos locales, residentes y organizaciones comunitarias a evaluar propuestas y negociar con desarrolladores. Ese mismo plazo rige para que MassDEP actúe sobre el mecanismo de pago alternativo, pero la orden no fija todavía su cuantía.
El estado de la política es, por tanto, preciso: desde el 8 de septiembre, las agencias no pueden autorizar un centro de datos de más de 25 MW sin conformidad con el marco y sin el acuerdo comunitario requerido. Lo que falta conocer es cuánto costará cumplir la alternativa energética, cómo se aplicarán las tarifas para grandes cargas y qué pruebas técnicas exigirán los nuevos protocolos ambientales.
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