Factura de menos de 2.000 €: monitorio sin abogado

La Ley de Enjuiciamiento Civil permite presentar sin abogado ni procurador la petición inicial de monitorio por una factura profesional vencida y documentada de menos de 2.000 €. Si se admite y se requiere de pago al deudor, este dispone de veinte días para pagar u oponerse. El pago lleva al archivo, la oposición abre un juicio declarativo y el silencio permite al acreedor solicitar la ejecución.

Antes de presentar la petición hay que atender a otro requisito. La Ley Orgánica 1/2025 exige, con carácter general, intentar una negociación previa para acudir a los procesos civiles especiales y dejar constancia documental del intento. La solicitud de negociación debe referirse a la deuda que se pretende reclamar; enviar la factura o reclamar el pago sin plantear una negociación no acredita por sí solo ese intento.

Comprobar la deuda y preparar la negociación

El monitorio está previsto para una deuda de dinero líquida, determinada, vencida y exigible. En una factura, esto supone poder identificar una cantidad concreta, el trabajo o suministro que la origina y que el plazo de pago ya ha transcurrido. La ley admite como documento una factura creada por el acreedor si es de las que habitualmente acreditan créditos en esa clase de relación comercial; su presentación permite pedir el requerimiento, pero no resuelve por adelantado cualquier disputa sobre la deuda.

Conviene reunir el encargo o acuerdo, los albaranes, la aceptación del trabajo y las comunicaciones pertinentes, según lo que exista en cada relación. Esos documentos pueden explicar por qué se emitió la factura y cómo se calculó lo pendiente. Si la pretensión depende primero de que un juez interprete una cláusula discutida o declare un incumplimiento, el asunto puede requerir directamente el juicio declarativo correspondiente.

Para acreditar el intento negociador sin intervención de un tercero neutral, puede servir un documento que pruebe que el deudor recibió una invitación o propuesta para negociar, cuándo la recibió y que pudo conocer su contenido íntegro. El objeto de esa propuesta debe coincidir con el de la reclamación judicial. Una conversación informal imposible de documentar deja al acreedor sin esa constancia, aunque haya tratado de cobrar amistosamente.

Qué debe contener la petición inicial

La petición inicial de monitorio se presenta con documentos que acreditan el origen y la cuantía de la deuda.

La petición identifica al acreedor y al deudor, sus domicilios o un lugar donde pueda hallarse al deudor, el origen de la deuda y la cuantía solicitada. Debe acompañarse de los documentos que la sustentan. Antes de presentarla, resulta útil cotejar el importe con la factura y los pagos recibidos: si los documentos muestran una cantidad inferior, el órgano judicial puede proponer que el requerimiento se haga por esa suma.

Para la presentación electrónica mediante LexNET, la guía de procedimientos monitorios en LexNET describe los campos de materia, origen de la deuda, petición y cuantía, además de los intervinientes y los documentos anexos. El formulario distingue el documento principal de los anexos probatorios y de representación. Esa guía describe una vía de envío; la petición inicial también puede extenderse en un impreso o formulario obtenido en papel o a través de la sede electrónica.

Los datos de localización merecen especial atención. En una reclamación ordinaria por factura, el requerimiento debe comunicarse al deudor por los cauces legales: no basta con que el acreedor sepa quién debe el dinero si no facilita un domicilio útil. Cuando se actúa en nombre de una sociedad, también debe quedar acreditada la representación de quien presenta la solicitud.

Dónde se presenta y qué examina el juzgado

Como regla general, es competente el órgano judicial del domicilio o residencia del deudor. Si no se conocen, puede acudirse al del lugar donde sea posible hallarlo para requerirle el pago. El domicilio del acreedor o el lugar donde realizó el trabajo no sustituyen esa regla. Si las averiguaciones de domicilio fracasan, o el deudor aparece en otro partido judicial, el proceso puede terminar y quedar a salvo la posibilidad de iniciarlo ante el órgano competente.

La oficina judicial examina si la documentación constituye un principio de prueba coherente con lo expuesto en la petición. Si procede, requiere al deudor para que pague o explique por escrito las razones de su oposición. Una factura de una relación entre un profesional y un consumidor puede dar lugar, además, al control judicial de cláusulas potencialmente abusivas antes del requerimiento.

Pago, oposición o silencio: tres recorridos distintos

La oposición del deudor traslada la reclamación del monitorio al juicio correspondiente.

El plazo empieza con un requerimiento practicado conforme a las reglas de comunicación. A partir de ahí, la respuesta del deudor determina el recorrido de la reclamación:

Pago. Si el deudor atiende el requerimiento y acredita el pago, el letrado de la Administración de Justicia archiva las actuaciones. El acreedor que cobre directamente debe comunicarlo para que el expediente refleje que la deuda ha quedado satisfecha.
Oposición. El deudor presenta un escrito con las razones por las que considera que no debe la cantidad reclamada, total o parcialmente. El asunto continúa por el juicio declarativo correspondiente; para una factura por debajo del límite indicado, será el juicio verbal. La controversia se resolverá allí y podrá celebrarse una vista cuando proceda.
Silencio. Si no paga ni se opone, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto que termina el monitorio. El acreedor debe solicitar después el despacho de ejecución para intentar cobrar mediante los bienes del deudor. El decreto no produce por sí solo el ingreso ni un embargo automático.

Cuándo hacen falta abogado y procurador

La petición inicial puede presentarse sin estos profesionales cualquiera que sea la cuantía de la deuda. El límite de 2.000 € cobra importancia en las fases posteriores. Si hay oposición, las reglas del juicio verbal permiten actuar sin abogado ni procurador cuando la cuantía no excede de ese importe. Si no hubo oposición, la ejecución derivada del monitorio exige ambos profesionales cuando la cantidad por la que se despacha supera el límite.

Por tanto, una reclamación inferior al umbral puede avanzar sin representación obligatoria desde la petición inicial hasta la solicitud de ejecución tras el silencio del deudor. En el importe exacto del límite tampoco son preceptivos por razón de la cuantía. Poder actuar personalmente no garantiza el cobro: si hace falta ejecutar, este dependerá de que existan bienes o derechos del deudor sobre los que pueda hacerse efectiva la deuda.