España endurece los centros de datos: 9.000 millones quedan en duda
España plantea endurecer las condiciones de acceso a la red para los grandes centros de datos mediante un real decreto que todavía no está aprobado. La consulta pública terminó el 10 de septiembre de 2026 y, el día 11, Spain DC afirmó que tres de sus socios reconsiderarán proyectos valorados en unos 9.000 millones de euros si el Gobierno mantiene la redacción sometida a audiencia.
La cifra no corresponde a inversiones retiradas: es una estimación de la patronal condicionada al texto definitivo y no se han identificado públicamente las empresas ni el reparto de la inversión. Lo confirmado hasta ahora es el cierre de la consulta y el contenido del borrador, que propone umbrales de potencia, eficiencia energética e hídrica, contratación renovable y correlación horaria.
La consulta ha terminado, pero las obligaciones no están vigentes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió la audiencia el 27 de agosto y la amplió hasta las 17:00 del 10 de septiembre. La documentación publicada por el MITECO identifica el expediente como un proyecto de real decreto y mantiene la consulta con estado cerrado, no como una norma aprobada.
La propuesta se aplicaría, con carácter general, a centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. También sumaría las instalaciones de un mismo titular situadas en la misma ubicación cuando alcancen conjuntamente ese umbral. La obligación anual de comunicar y publicar información energética e hídrica tendría un alcance distinto: comenzaría en 500 kW de potencia de tecnología de la información, con independencia de la potencia de acceso.
Quedarían fuera los centros destinados exclusivamente a defensa, protección civil y seguridad pública. Las solicitudes de acceso todavía sin resolución entrarían en el nuevo régimen y sus titulares tendrían tres meses desde la entrada en vigor para acreditar los requisitos. Los proyectos con permisos concedidos pero aún no conectados dispondrían de seis meses; si no cumplieran, sus permisos caducarían.
Los requisitos del borrador, artículo por artículo
El núcleo de la propuesta no es una prohibición general, sino la vinculación de los permisos de acceso y conexión con condiciones técnicas y documentales. Esta es la lectura de sus principales artículos:
- Artículo 2 — ámbito: fija el umbral general en 1 MW de potencia de acceso y el umbral informativo del artículo 14 en 500 kW de potencia informática.
- Artículo 4 — permisos: exige presentar la documentación sobre soberanía digital, eficiencia energética e hídrica y cobertura renovable para obtener permisos nuevos o pendientes.
- Artículo 5 — soberanía digital: requiere que el operador o titular esté establecido en la Unión Europea y controle los datos operativos, el soporte desde terceros países y sus subcontratistas directos. Para alojar sistemas públicos sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, los datos controlados por la entidad pública, incluidas copias y registros, tendrían que tratarse, almacenarse y transferirse dentro de la UE.
- Artículo 6 — PUE y WUE: obliga a alcanzar la futura clase A de la etiqueta europea. Hasta la aplicación de ese sistema, prevista para agosto de 2027, las disposiciones transitorias fijan un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1.
- Artículo 7 — cuota nacional: si la generación renovable hubiera superado el 90% en el año de referencia, no se exigirían previamente la adicionalidad y la correlación. A cambio, las horas anuales de consumo desde la red quedarían limitadas mediante una fórmula ligada a esa cuota.
- Artículo 8 — adicionalidad: obliga a cubrir el 80% del consumo total mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable con plantas situadas en España. Esas instalaciones no podrían haber entrado en servicio más de 18 meses antes que el centro o que el primer uso de su energía.
- Artículo 9 — correlación horaria: exige que, en cada hora, al menos el 80% de la energía consumida esté respaldada por un volumen equivalente de electricidad renovable generado durante esa misma hora.
- Artículos 10 y 11 — incumplimiento: prevén recargos sobre peajes y cargos. Una cobertura renovable inferior al 60% durante cinco años consecutivos, o un incumplimiento horario igual o superior al 20% durante el mismo periodo, podría abrir el procedimiento para perder los permisos.
- Artículo 12 — contratos: exige identificar las plantas vinculadas, precisar la fórmula de cobertura, formalizar los acuerdos en escritura pública y mantenerlos al menos diez años. No admite coberturas basadas únicamente en garantías de origen asociadas a productos negociados en mercados organizados.
Los parámetros no son todavía definitivos. El borrador permite actualizar por resolución la cuota renovable, el PUE, el WUE, el porcentaje de cobertura, el plazo de adicionalidad y la resolución temporal de la correlación, aunque esa vía no podría modificar las condiciones sustantivas de acceso.
Los 9.000 millones son una advertencia condicionada
La estimación procede de Spain DC. La información de EFE del 11 de septiembre atribuye a la asociación la afirmación de que tres socios abandonarían inversiones por 9.000 millones si la norma se aprobara tal como está, así como sus objeciones al plazo de 18 meses y al respaldo renovable del 80% en cada hora.
La advertencia no viene acompañada de una lista pública de proyectos, promotores, desembolsos ya ejecutados o decisiones formales de retirada. Por eso, los 9.000 millones expresan el valor agregado comunicado por la patronal para planes cuya continuidad considera amenazada; no permiten concluir que ese capital ya haya salido de España.
La asociación sostiene que la adicionalidad obligaría a rehacer contratos eléctricos y que la correlación horaria sería difícil de cumplir cuando la generación renovable asociada no alcance el consumo. Son argumentos empresariales contra el diseño propuesto, no hechos demostrativos de que todos los proyectos afectados resultarían inviables.
El Gobierno vincula las exigencias al coste de la red
El Ejecutivo justifica la intervención por la distancia entre la capacidad solicitada y el despliegue esperado. La respuesta ministerial recogida por elDiario.es el 11 de septiembre señala que la consulta recibió más de 600 alegaciones y contrapone los más de 12 GW de acceso ya concedidos con una previsión de entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica de estas instalaciones en 2030.
Son magnitudes diferentes: los 12 GW corresponden a derechos de acceso acumulados en transporte y distribución, mientras que los 3,5–4 GW son una previsión de demanda en 2030. La comparación sirve al Gobierno para defender que existe margen para seleccionar proyectos, pero no prueba que toda la capacidad concedida vaya a utilizarse ni que la previsión se cumpla exactamente.
El punto de disputa es quién debe asumir el coste de integrar una demanda grande y continua. El borrador pretende que los nuevos centros aporten generación renovable vinculada y paguen recargos si se desvían; el sector considera que esas condiciones trasladan a los operadores responsabilidades propias del sistema eléctrico.
El siguiente dato decisivo será la redacción que el Gobierno decida elevar para aprobación. Hasta entonces, 1 MW, PUE 1,15, WUE 0,1 y la cobertura renovable horaria del 80% siguen siendo requisitos propuestos y modificables; los 9.000 millones continúan siendo una advertencia sectorial condicionada, no una retirada consumada.
Lee también:
Suscríbete a nuestro boletín
Reciba las últimas noticias sobre Web3, IA y criptomonedas directamente en su bandeja de entrada.