EE. UU. quiere 1.000 operaciones espaciales al año: en 2025 hubo 176 lanzamientos
Estados Unidos aprobó el 20 de agosto de 2026 una nueva política para que sus campos de transporte espacial puedan soportar más de 1.000 lanzamientos y reentradas al año en 2030. El presidente Donald Trump firmó la National Space Transportation Policy, identificada como NSPM-17, que sustituye la directiva vigente desde 2013, según la Oficina de Comercio Espacial de Estados Unidos.
La comparación con 2025 exige una precisión: la meta combina operaciones de salida y regreso, mientras que los 176 corresponden únicamente a intentos de lanzamiento orbital desde territorio estadounidense. De ellos, 175 tuvieron éxito; el recuento excluye los vuelos de Rocket Lab desde Nueva Zelanda y las pruebas suborbitales de Starship, como detalla el análisis de SpacePolicyOnline.
La meta no significa 1.000 lanzamientos orbitales
El objetivo oficial consiste en que los campos estadounidenses puedan atender más de 1.000 lanzamientos y reentradas cada año. La directiva presidencial NSPM-17 extiende el concepto de transporte espacial desde vuelos suborbitales y órbitas terrestres muy bajas hasta la superficie lunar, los puntos de Lagrange y el espacio profundo.
El memorando no reparte las 1.000 operaciones entre lanzamientos, reentradas o clases de vuelo, ni ordena efectuar ese número de misiones. Fija una capacidad que los campos deben poder sostener, sujeta a la legislación aplicable y a la disponibilidad de fondos; tampoco demuestra que vaya a existir demanda suficiente para utilizarla por completo.
Esta diferencia limita la comparación con los 176 intentos orbitales de 2025. Dividir 1.000 entre 176 da una relación aproximada de 5,7, pero no mide cuánto deben crecer los lanzamientos: el numerador futuro incorpora reentradas y operaciones que no aparecen en el denominador histórico. Una comparación homogénea requerirá estadísticas desglosadas por tipo de operación.
La infraestructura tendrá que admitir más usuarios
La política encarga al Departamento de Guerra y a la NASA operar las instalaciones federales de lanzamiento y reentrada con criterios transparentes para usuarios gubernamentales y privados. Las agencias deberán coordinar inversiones, facilitar el acceso comercial y promover arrendamientos, inversión empresarial y asociaciones público-privadas en propiedades federales.
- Programación: en 180 días deberán establecerse criterios federales para asignar los recursos de los campos, cuyos calendarios tendrán que publicarse regularmente.
- Nuevas instalaciones: el Departamento de Transporte deberá identificar en 180 días posibles ubicaciones para ampliar o mejorar la infraestructura de lanzamiento.
- Zona de reentrada: Interior tendrá 90 días para localizar terrenos federales que puedan albergar otro emplazamiento terrestre designado.
- Plan de desarrollo: Comercio dispondrá de 240 días para preparar un plan que contemple acceso comercial, infraestructura y oportunidades de desarrollo conjunto en ese emplazamiento.
El aumento de capacidad no depende únicamente de disponer de más vehículos. Plataformas, suministro eléctrico, propelentes, telecomunicaciones, personal, servicios comunes y áreas de seguridad son recursos compartidos; por eso el memorando también exige políticas transparentes para recuperar sus costes y acelerar permisos y revisiones ambientales dentro de la legislación vigente.
Los corredores espaciales entran en el control aéreo
Transporte deberá implantar en 180 días un plan que integre la gestión de lanzamientos y reentradas en la modernización del espacio aéreo y del control de tráfico. En el mismo plazo tendrá que designar espacio aéreo prioritario para los corredores de lanzamiento considerados críticos.
El cambio responde a una limitación operativa: un lanzamiento o una reentrada debe coordinarse con la aviación y puede obligar a cerrar o desviar rutas temporalmente. Una frecuencia mayor exige incorporar esas ventanas a la planificación ordinaria del tráfico, aunque la política no elimina los requisitos de seguridad pública ni especifica cuánto podrán reducirse las interrupciones.
Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones también deberán asegurar acceso fiable al espectro para lanzamientos, reentradas, recuperación y actividades orbitales. Ambos organismos presentarán en 180 días su planteamiento al presidente y repetirán la evaluación cada dos años.
El Gobierno favorecerá la contratación comercial
La NSPM-17 dispone que la NASA y el Departamento de Guerra favorezcan servicios comerciales cuando cubran necesidades gubernamentales. También les pide evitar actividades públicas que desplacen o desalienten a proveedores privados, salvo cuando sean necesarias por seguridad nacional o seguridad pública.
Las agencias deberán coordinar adquisiciones, aprovechar requisitos comunes, buscar criterios consistentes para certificar nuevos participantes y mantener, cuando sea viable, varias vías para desplegar cargas gubernamentales. La política también contempla transporte y logística en el espacio, mantenimiento orbital, retirada de desechos y restauración rápida de capacidades durante una crisis, un conflicto o el fallo de un sistema de lanzamiento.
La preferencia comercial no constituye por sí sola un contrato ni garantiza ingresos para una empresa. Su efecto dependerá de futuras licitaciones, requisitos técnicos, certificaciones, presupuestos y de que existan proveedores capaces de atender cada órbita y clase de carga.
La respuesta en 48 horas es un estudio, no una garantía
Otro mandato consiste en evaluar las barreras regulatorias, programáticas, operativas y tecnológicas para atender necesidades civiles o de seguridad nacional en plazos acelerados, incluso dentro de las 48 horas posteriores a una necesidad y desde ubicaciones expedicionarias. El texto no promete que un cohete vaya a despegar en dos días: ordena estudiar qué impide alcanzar esa capacidad.
El análisis deberá realizarse en 180 días. En ese mismo horizonte se esperan la estrategia para la base industrial, los criterios de programación, el plan de integración con el tráfico aéreo, los informes sobre seguridad de la infraestructura federal y la evaluación del acceso al espectro.
Los primeros resultados serán planes y emplazamientos
La política está vigente, pero sus efectos físicos dependerán de decisiones posteriores. Los primeros hitos comprobables serán la identificación de terrenos para una nueva zona de reentrada a los 90 días, la revisión de políticas y controles de exportación a los 120 días y varios planes e informes alrededor de los 180 días.
Hasta que esos documentos definan inversiones, métricas y calendarios, las 1.000 operaciones deben leerse como una meta de capacidad para 2030, no como una previsión de vuelos confirmados. Para medir el avance hará falta publicar por separado lanzamientos orbitales, vuelos suborbitales y reentradas, además de comprobar si la infraestructura y el control aéreo pueden absorber la mayor frecuencia sin reducir los estándares de seguridad.
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